Se trata de un flagelo que padecen las empresas prestadoras de servicios públicos como EPM, sus filiales y el sector en general.

Pero la defraudación de fluidos involucra ahora grupos delictivos que ofrecen conexiones ilegales a hogares, comercios, emprendimientos o pequeñas, medianas y hasta grandes industrias.

El fraude en los servicios públicos genera grandes pérdidas económicas para las empresas que los prestan y esto se traduce en menores transferencias de recursos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura. Además, gran parte de los costos asociados a las pérdidas se deben trasladar, por regulación, a los clientes a través de la tarifa del servicio defraudado. O sea que entre todos pagamos el fraude de otros.

Lo que dicen las cifras:

Hoy, EPM enfrenta el fraude con un equipo de investigadores, analistas y abogados penalistas que recopilan información y formulan las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, organismo que se ha constituido en aliado estratégico para los trámites, la investigación y el seguimiento a los defraudadores. Como empresa pública, la entidad ha reafirmado su propósito de contribuir a la legalidad, con cero tolerancia frente a este delito e invita a la comunidad a ser parte de la solución, denunciándolo de forma anónima en la App EPM Estamos ahí y en las líneas 604 44 44 115 o 01 8000 415 115 fuera de Medellín.

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