En algunos departamentos de Colombia se consumen más cigarrillos de contrabando que legales

La principal dificultad de la industria legal de cigarrillos es competir con los productos ilegales de contrabando

Periodismo

En Colombia el número de consumidores, así como la cantidad de cigarrillo ilegal, se incrementó en un 150% en los últimos cuatro años.

No solo aumenta el consumo, sino que también lo hace cada vez más rápido

Se dejaron de recibir más de un 1 billón y medio de pesos entre 2017 y 2020[1] por el contrabando de cigarrillos. De haberse recaudado, habría recursos para reducir el endeudamiento del país y financiar las políticas de inversión social.  

En 2016 uno de cada 10 cigarrillos era de contrabando, hoy uno de cada 3 cigarrillos lo son.  Ya hay departamentos que consumen más cigarrillos de contrabando que legales y esta tendencia podría ser nacional. Este delito implica un gran problema para las rentas departamentales y para el aumento de la corrupción, el financiamiento de bandas criminales y la delincuencia común.  

Los departamentos de la Costa Caribe generan gran preocupación. El promedio el consumo de cigarrillos ilegales sobrepasó la mitad del mercado con un registro del 67%, 14 p.p. más que en 2019 y más de 30 p.p. por encima de la media del país. En Córdoba el consumo de cigarrillos ilegales alcanzó el 61% del mercado. En La Guajira casi el 100% de los cigarrillos es de contrabando. Su consumo en 2020 se ubicó en 97%, después de que en 2019 era del 89%. 

Otro ejemplo preocupante son los departamentos de Norte de Santander, Santander y Arauca. En ellos, el consumo de cigarrillos ilegales se registró en 49%, 15 puntos por encima del crecimiento anual porcentual. 

Antioquia también prende las alarmas, pues el consumo de cigarrillos ilegales alcanzó el 45% del mercado, 12 p.p. más que en 2019 y 11 por encima del crecimiento porcentual anual. Por otro lado, llama la atención Valle del Cauca debido a que por su peso en el consumo de cigarrillos puede impactar el indicador de ilegalidad, con un crecimiento de 5 p.p. del 13% al 18% en 2020. 

La principal dificultad que tiene la industria legal de cigarrillos en Colombia es competir con los productos ilegales de contrabando que, al no pagar impuestos, son una opción más accesible en precio para los consumidores. De acuerdo con El estudio ‘Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’ de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizado por INVAMER, el 84% de los fumadores adultos adquiere marcas ilegales porque son más baratas. La diferencia entre los precios de las marcas ilegales frente a las legales es hasta un 43% por debajo, lo que las hace más atractivas para el consumidor. Hoy, una cajetilla legal de cigarrillos tiene un precio promedio de $6.483 pesos, mientras una ilegal sólo llega a $3.740. 

Para Invamer, a pesar de los esfuerzos por combatir la ilegalidad a través de la reforma a los impuestos y campañas enfocadas a destacar los beneficios que los mismos conllevan a la salud, recreación y deporte, aún no se presenta una intención fuerte de pagar más por una cajetilla legal, ya que el precio juega un papel predominante en la decisión de compra para los fumadores.

El estudio realizado por Fedesarrollo este año Finanzas Territoriales y Contrabando: el caso de los cigarrillos en Colombia demostró que un aumento en los impuestos en los cigarrillos podría generar mayor contrabando del producto. El aumento al impuesto al consumo de cigarrillo por efecto de la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819) fue una de las principales razones para el incremento del consumo de cigarrillos de contrabando, que pasó del 13% en 2016 al 34% en 2020, alcanzando máximos históricos este último año, siendo la cifra más alta desde 2011. 

De acuerdo con la investigación, Chocó, Boyacá y Córdoba, son los departamentos con mayor dependencia de los impuestos al ocio, entre estos el cigarrillo. Por su parte Nariño, los departamentos del Eje cafetero, Tolima, Huila y Chocó, son las entidades territoriales en donde el recaudo por impuestos al cigarrillo tiene la mayor participación en sus ingresos corrientes, es decir, dependen en mayor medida de este ingreso. Por lo tanto, son los entes territoriales más vulnerables por la pérdida de recaudo derivada del contrabando 

El resultado de la evaluación de Fedesarrollo también mostró que el incremento en la proporción de consumo de cigarrillos de contrabando se acentuó con los años, afectando a la gama de precios baja consumida por estratos bajos. Es decir, no solo aumenta el consumo, sino que también lo hace cada vez más rápido, ocasionando un doble problema, tanto para la salud del consumidor como para la financiación del Sistema. Así, este aumento fue de 6 puntos porcentuales (p.p.) en 2017 y 2018, mientras que en los dos años siguientes la proporción fue de 8 p.p. Lo anterior implica que el impuesto sostenido a los cigarrillos legales convierte a los cigarrillos ilegales en un sustituto cada vez más atractivo.    

Por otra parte, Fedesarrollo resalta en su estudio el caso de la diferencia de precios con Ecuador, lo que ha hecho que llevar cigarrillos legales e ilegales de Colombia a este país sea una actividad muy lucrativa. Así Colombia no sólo se ha convertido en un receptor de cigarrillos de contrabando, sino también en un corredor de este tipo de mercancía ilícita. Durante los años 2015 y 2016, el gobierno ecuatoriano incrementó en un 73% la tarifa del Impuesto a Consumos Especiales (ICE) y como consecuencia de este incremento en la tarifa, el contrabando de cigarrillos pasó de representar un 5,4% del mercado en 2015 a un 72,4% en el 2019. En apenas cuatro años el contrabando de cigarrillos incrementó más del 50%. 

Según Fedesarrollo, algunos funcionarios departamentales consideran en que el incremento de la ilegalidad se debe a una mayor brecha de precios entre los cigarrillos legales y de contrabando por la mayor carga tributaria y por esta razón ven contradictorio un nuevo incremento a los impuestos al cigarrillo. Para Daniel Rico, experto en temas de narcotráfico y contrabando, de suceder esto, es muy posible que aumente la actividad ilegal en los territorios y se fortalezcan los grupos criminales dedicados a esta actividad y a otros delitos directamente relacionados.  

El contrabando también se vincula directamente con criminalidad al ser una mercancía para lavar dinero del narcotráfico, financiar bandas criminales y ser cómplice de la violación de los Derechos Humanos. Lo anterior, con el agravante que mutó durante esta temporada para adaptarse al confinamiento, continuar su operación y demostrar su poder en medio de la pandemia. De acuerdo con Rico, entre las nuevas modalidades que el contrabando adaptó a la época de Covid-19 para seguir manteniendo los niveles ilegales de productividad se destaca el surgimiento de mercados negros, el manejo de la tecnología para ofrecer los productos y la entrega de pedidos a través de redes locales que evaden los protocolos de bioseguridad y cuidado. 

Restarle importancia al delito del contrabando es una grave equivocación. Mientras la economía colombiana se contrajo 6,8% en 2020, la caída más grande desde 1975 (DANE) a causa de la desaceleración de la industria legal del país, las mafias criminales dedicadas al contrabando de cigarrillos mantuvieron su productividad en niveles de un 34%, es decir la cuarta parte del mercado nacional de cigarrillos es ilegal. Así, las marcas de cigarrillos de contrabando, que evaden impuestos e incumplen todo tipo de regulación, han sido las grandes ganadoras en medio del aislamiento preventivo obligatorio y el esfuerzo del Estado por combatir la pandemia del Covid-19, con niveles de ganancia superior al proporcionado por el narcotráfico. 

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A esto se suma que la producción y distribución de productos de contrabando es una actividad a menudo atractiva para la clase menos favorecida y en condición de desempleo, quienes una vez en el mundo del contrabando y la criminalidad cometen otros delitos. Las pérdidas de empleo formal que deja el contrabando se agregan a las pérdidas de trabajo ocasionadas por el Covid-19. 

Los cigarrillos ilícitos también atraen consumidores de bajo estrato que por la diferencia de precio del cigarrillo ilícito terminan fumando más y además están desinformados de los riesgos. Según cifras de Euromonitor (2020), citadas por Fedesarrollo en su estudio, con la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016 y el incremento de la tarifa del impuesto, las ventas de producto legal cayeron 6,1% entre 2016 y 2017 y 20,4% entre 2017 y 2018, siendo esta la reducción más significativa observada en los últimos 15 años.  En contraste, la cantidad de personas adultas fumadoras de cigarrillos ilícitos creció, pasando en porcentaje de individuos de un 9% en 2016 a un 18% en 2018 y a un 22% en 2019 y un 25% en 2020 (estudio ‘Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’ de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizado por INVAMER).  

A diciembre del 2020, la POLFA registró un aumento de las aprehensiones de cigarrillos ilegales en un 93% con respecto a 2018. Para el año 2020 las direcciones seccionales con mayores aprehensiones según la POLFA fueron las de Bogotá, Cartagena, Urabá, Maicao y Cali. 

Crédito de imágenes: foto de hombre fumando creada por Racool_studio en www.freepik.es y de cigarro encendido por realworkhard en Pixabay

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[1] Estudio ‘Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’ de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizado por INVAMER, años 2019 y 2021.

 

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